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Eufemísticamente los llamamos “chocolates”, pero nombrarlos de manera más dulce al oído no hace que regularizar automóviles chuecos o ilegales signifique realmente un bocado menos amargo. De por sí, la situación económica actual es por demás complicada en el sector. De acuerdo con el informe más reciente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de enero a septiembre se produjeron 24 mil 393 vehículos menos que en el mismo periodo del año pasado, una baja del 0.8 por ciento. Las exportaciones crecieron en 13 mil 067, el 0.8 por ciento, pero las ventas en el mercado nacional se desplomaron en 7.5 por ciento, es decir, 77 mil 530 vehículos menos. ¿Qué pasaría si se legalizaran entre 10 y 18 millones de automóviles chuecos? El cálculo es que las ventas de los nuevos producidos en el país caerían hasta en 30 por ciento, pasando de 1.3 millones en 2019 a 900 mil en 2021. No solo sería un golpe mortal para la industria automotriz mexicana, sino que terminaría siendo contraproducente para la recaudación considerando que por cada auto nuevo se paga Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre Autos Nuevos (ISAN) e Impuesto Sobre la Renta (ISR). Números simples. Unos automóviles son significativamente caros y otros baratos. Estableciendo una media, de los 1.3 millones que se venden en un año en México a un precio promedio de 300 mil pesos, 46 mil pesos son impuestos, es decir, 59 mil 800 millones. Visto de esa manera, los 50 mil millones de pesos que buscaría recaudar la regularización de los autos “chocolates” terminarían perdiéndose en el corto plazo, dejando además una industria mexicana fundamental muy lastimada y disminuida, con pérdidas grandes de empleos y capacidad productiva. Se vuelve un círculo vicioso. La mayor parte de los llamados autos “chocolates” entran al país mediante permiso temporal de importación cuando los paisanos en Estados Unidos visitan a sus familias. Ya en México, ha sido un negocio clientelar de partidos y caciques políticos apoyar a organizaciones que pugnan por la legalización en masa, ocasionando daños grandes a la industria mexicana y la consecuente pérdida de oportunidades que se traduce en más migrantes. ¿Y si mejor se crea una política pública que dé dignidad a los mexicanos? Uno de los argumentos más recurrentes es que sale más barato traer un vehículo usado que obtener uno nuevo para las labores del campo, por ejemplo. A la larga no es cierto. Las refacciones no son las mismas, el mantenimiento tampoco y generalmente se trata de vehículos con tanto desgaste que contaminan mucho más, duran muy poco y se convierten en chatarra muy rápido. ¿Qué tal si mejor alineamos esfuerzos? Por un lado, Nafin tiene mecanismos para el otorgamiento de créditos a través de la banca tradicional. Por otro, el crédito comercial automotriz es uno de los más dinámicos y puede serlo aún más diversificando sus fuentes de fondeo mediante el mercado bursátil. Crear competencia, crea mejores condiciones. Sería un ganar-ganar. Vehículos dignos para los productores rurales mexicanos, no llenarnos de chatarra, una industria automotriz mexicana fuerte, ingresos fiscales sostenidos y una manera más de inclusión financiera y justicia social.